La clase
política de Tamaulipas debe estar más tranquila con respecto a la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, ya que
según un experto en la materia, su aprobación tiene algunas irregularidades.
Señala el titular de la Auditoría Superior de
la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, que para hacerla efectiva es
fundamental una aplicación informática de la cual carecen 80 por ciento de los
municipios del país, esto es, que resulta virtualmente imposible en este
momento esté vigente, porque requiérese personal
capacitado y el material técnico. Se trata, claro está, de que se establezca la
homologación en los sistemas contables y fiscalización del país, asunto que no
se ve a mediano plazo cristalizado.
Añade el experto
que las alcaldías “no cuentan con recursos ni personal capacitado, llegar a
tener (la información financiera) en tiempo real y en línea será bastante
complicado”.
Lo expuesto
es bueno para muchos que están en la fiesta sorda por llevarse lo que se pueda,
en el año de Hidalgo, porque queda poco tiempo para dejar el cargo; hay
pendientes como las cuentas públicas de varios alcaldes que tienen un cochinero
y que saquearon en forma despiadada e ilimitada el erario. Ejemplos saltan a la
vista: Oscar Pérez Inguanzo, Erick Silva, Ramón Garza Barrios, Arturo Diez
Gutiérrez, el mismo Benjamín Galván Gómez
de quien se dice que está siguiendo los pasos de su antecesor y la lista
no acabaría, por lo que éstos, de la mentada Ley no se deben preocupar, ya que
los munícipes actuales le darán largas al asunto con eso de la contratación de
gente alfabetizada en esos menesteres.
Lo peor del caso es que si se trata de
dilaciones, hay que decir que se necesita también que se apruebe una ley
general sobre el Sistema Nacional de Fiscalización a fin de que exista una
coordinación entre la ASF, la Secretaría de la Función Pública (SFP),
contralorías estatales y entidades fiscalizadoras.
Así las
cosas, si en verdad queremos alcanzar un nivel de transparencia digno de
aplauso se necesita más que eso, se hace indispensable acabar con la
discrecionalidad, la cual abunda, pues sólo el 28 por ciento de los municipios
del país difunde la información pública en relación a sus ingresos y egresos,
en acato y observancia estricta de la ley.
Los demás tienen a sus incondicionales para evadir la rendición de
cuentas amparados en el patrocinio de sus amigos políticos.
La
corrupción a todo lo que da. Bien dicen
por ahí que la lealtad de la burocracia hacia los funcionarios públicos es inversamente
proporcional al lugar que ocupan en la nómina.
