REFORMA FISCAL

Benjamín Disraeli, conocido también como Conde de Beaconsfield o Lord Beaconsfield y quien fuera político, escritor y aristócrata británico, solía decir que “utilizar los impuestos para asegurar las ventajas de una clase no es protección, sino despojo”.

El apotegma, bien mirado, es un singular instrumento para entender lo que no debiera realizar el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, ya que en ocasión de su visita al Viejo Continente, particularmente a París, expresó que contempla impulsar una Reforma Fiscal que ayude a quienes menos tienen. Para ello, buscará llegar a acuerdos políticos con las distintas fuerzas sociales, a las cuales les hará ver la imperiosa necesidad de establecer una carga impositiva que sea de estímulo y progresividad para las empresas y adicionalmente ampliar la base de contribuyentes, pues está más que claro que ambas cosas son importantísimas para lograr altos niveles de crecimiento económico y sustentabilidad a través de los ingresos que coadyuvarán al fortalecimiento del gasto público.

Pretende el ex gobernador del Estado de México que la riqueza que se cree en nuestro país sea debidamente redistribuida, pues son muchas las asimetrías que se observan alrededor y consecuentemente tienen que ser eliminadas.

De todo ello es importante señalar que se deben añadir a esas acciones, otras que sean contrarias a la insultante concentración de la riqueza que un grupo de empresarios en nuestro país mantiene; propiciar en consecuencia la libre competencia, que supone eliminar las entidades monopólicas y oligopólicas;  acabar con los privilegios fiscales, los cuales se otorgan de manera selectiva y discrecional, impulsar las inversiones productivas, que no especulativas para generar los empleos que se requieren con urgencia; incentivar a los mercados para que sean funcionales, fortalecer el poder adquisitivo de los salarios, porque, sobre todo, debemos recordar que toda economía tiene 4 elementos fundamentales:

Crear riqueza, distribuirla equitativamente , tener un marco de estabilidad y finalmente hacerlo con estricto respeto al medio ambiente sin que se lesione el tejido social. Si un gobierno, de cualquier filia partidista lo hiciere, considero que dejaría una profunda huella en el contexto socioeconómico.

 Abrigo la esperanza de que el nuevo gobierno tome en cuenta estas ideas para alcanzar sus metas de política económica que tanto necesitamos los mexicanos.

Huelga recordar que lo importante es la prevalencia de los intereses sociales y para ello la función primaria de todo gobierno es regular la economía de manera eficaz en aras de evitar que sea rehén de los poderes fácticos y empresariales. Es justo y necesario ir dando los primeros pasos para plantear una nueva relación entre el Estado, el Mercado y la Sociedad.

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¿REFORMA, PARA CUÁNDO?

En un país como México que busca tener un desarrollo económico vertiginoso  y darle un fuerte impulso a las actividades productivas, la obtención de recursos resulta de especial importancia. Sin éstos, en definitiva, no existen avances sustantivos y menos un futuro sustentable.  Tal situación se observa en la actualidad, pero entre la clase política burocrática en Tamaulipas ya que no se ha reformado la Ley del Upysset, (Unidad de Previsión y Seguridad Social del estado de Tamaulipas)  con lo que se pone en riesgo la capacidad de pago que tendrá en el 2015 dado que se requieren adecuaciones singulares a la legislación.

El propio Jorge Abrego Adame, secretario de Administración y la lideresa del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (SUTSPET) Blanca Valles Rodríguez han manifestado su interés porque se haga algo rápido porque el tiempo apremia y podríamos estar hablando a mediano plazo de una insolvencia o quiebra técnica del régimen de pensiones y jubilaciones del Estado. Y es que ya han pasado algunas administraciones estatales y este asunto ha sido postergado.  Valga decir que en su momento, se dijo que los últimos 2 gobernadores no cumplieron a cabalidad con las cuotas para el fondeo del organismo, con lo cual se asestó un mazazo al sistema ya de por sí precario.

Algunas voces enteradas como la del legislador panista Manglio Murillo mencionan que es pertinente ponerle atención prioritaria, porque cada año se jubila una buena cantidad de empleados de gobierno y los pagos de sus emolumentos deben ser cubiertos y no hay dinero que alcance.

Pone como ejemplo lo que tuvo que hacerse con el IMSS, donde la bancarrota de su sistema de pensiones era virtualmente una indetenible realidad, sin embargo, justo a tiempo se salvó al instituto y hoy día puede hacer frente a sus compromisos contraídos.

De conformidad con el titular de la secretaría de Administración, en estos momentos se tienen más de 5 mil 400 pensionados y cada año el número se va incrementando considerablemente. El pago por este concepto actualmente ronda los 50 millones de pesos mensuales.

“Te puedo decir con conocimiento de causa que los últimos 10 años se ha duplicado el número de los pensionados; entonces, en los años por venir, yo creo que fácilmente se volverá a duplicar, entonces ya hablar de 10 mil pensionados estaríamos hablando una nómina aproximadamente de 100 millones de pesos mensuales entonces el tema es muy complejo”.

En este contexto, es conveniente señalar que el sindicato de trabajadores del SNTE debe poner su granito de arena para que se aprueben los cambios necesarios a la ley y desde luego definir con ello los beneficios que tendrán en un futuro los trabajadores. Entre los principales cambios a la LEY se encuentran el aumentar la edad de la jubilación e incrementar ligeramente las cuotas que se pagan  a fin de que al final se obtengan mayores y mejores rendimientos expresados en la pensión, que en la actualidad es francamente risible. Ojalá que no se interpongan las llamadas conquistas laborales y sí, prevalezca el bien común y la racionalidad.

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INTERESES MANDAN EN TAMAULIPAS

La iniciativa que presentó el diputado local del Partido del Trabajo, Alejandro Ceniceros Martínez en la pasada sesión del Congreso del Estado y la cual contempla la necesidad de reformar los artículos 7, 22 y 64 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en materia de consulta popular e iniciativa ciudadana constituye un excelente instrumento para acabar con el ejercicio abusivo del poder y la espiral de corrupción que permea a todos los partidos políticos en Tamaulipas.

El legislador propone que los alcaldes, diputados locales y el propio Gobernador sean sujetos a una consulta popular cuando el 1% del padrón electoral solicite hacer una revocación de mandato.

Interesante, sobre todo como se dice a nivel nacional que con la llegada de Enrique Peña Nieto al poder, el 1 de diciembre, este país cambiará en el modo de trabajar, porque ya se va a modernizar la forma de hacer política y muchos de los actores tendrán que adaptarse a sus nuevas reglas. Se habla, por ejemplo, y es un clamor general que precisamente ante la inoperancia de su gobierno en el combate al crimen organizado y la corrupción endémica que enfrenta, de una eventual salida del gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. Son muchos los que señalan que está a días de dejar al estado. Habrá que estar al pendiente, sin embargo, de acuerdo con la ley, veamos que dice para establecer si se puede dar una revocación del mandato.

“El Artículo 113 de nuestra Constitución establece que: Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.” Vale agregar que “ el artículo 113 de nuestra Constitución, en los términos referidos, es puntual, mas no así, las leyes federales y locales, reglamentarias de dicho artículo 113, cuyas lagunas y deficiencias, hacen que sea prácticamente imposible sancionar, a gobernante o funcionario alguno.

En Tamaulipas, conviene decir que la regulación de los procedimientos de consulta popular en la actual Ley de Participación Ciudadana del Estado es obsoleta y nunca se ha celebrado un solo plebiscito o referéndum, ni se ha promovido iniciativa popular, esto es, la partidocracia sigue ejerciendo su poder  y no hay quien se atreva a desafiarla.

No estaría mal irlo preparando, porque es mucha la soberbia, el desinterés y sigue prevaleciendo la sentencia que reza así: México es un país de intereses, no de ciudadanos”.

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