No se hace
mucho leí en un libro una frase que se adapta perfectamente al juego político
en el que participan numerosos contendientes y que pone a nuestro país como uno
de los más descarnados y ruines en materia de derechos humanos y en especial
evidencia la depredación y abuso de autoridad de algunos políticos.
La frase,
tan contundente como ampliamente perturbadora, ofrece un diagnóstico fiel de la
realidad que viven muchos mexicanos y particularmente los tamaulipecos, que
observamos cómo la clase política y empresarial intimidatoria y prepotente se
conduce. “México es un país de
intereses, no de ciudadanos”.
Dirá usted
amable lector o lectora, a qué viene ese comentario y le diré que estoy
profundamente disgustado por las injusticias y la conculcación de los derechos
laborales que vivimos cotidianamente y que ahora se trata del caso de una empleada
de la Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (UPYSSET)
Claudia Lizbeth Charles Álvarez, quien fue despedida por la directora de la dependencia,
Lourdes Benavides Hinojosa cuando se enteró de que tenía seis meses de gravidez.
Por
dondequiera que se le mire, no hay motivo razonable para proceder de esa
manera, sobre todo que la persona estaba cumpliendo con su horario de trabajo.
De conformidad
con la versión de la denunciante, la jefa del departamento litigioso, Gabriela
Gómez García y el director jurídico del organismo de manera amañada y
pretextando bajo rendimiento laboral exigieron su despido.
La afectada
en su defensa expuso que es lamentable el acoso y los malos tratos que ha
enfrentado en la dependencia, pues en días pasados sin pretextar motivo, le
pidieron que pasara a firmar su renuncia.
Asegura que buscará hablar con el gobernador del estado, Egidio Torre
Cantú para que le ayude a resolver esta situación a todas luces rechazable.
“Saben que mi embarazo es de alto riesgo, que
estoy incapacitada, que he estado hospitalizada y por esa razón es que me están
despidiendo, por bajo rendimiento, cuando yo viajaba a diferentes ciudades, y
ahora ya no lo estoy haciendo. Se me hace injusto, le estoy pidiendo al señor
gobernador su intervención, no es justo, porque están discriminando a una mujer
embarazada”, sostuvo Claudia Lizbeth Charles Álvarez.
El súmmun
del asunto es que no es el único, pues ya se registró incluso un fallecimiento
de un empleado en la dependencia a consecuencia de las presiones laborales que
resentía y sobre todo, la carga de trabajo inexplicable a la que se le sometía.
“Un
compañero falleció por presiones laborales, le decía que lo despedirían, iba de
comisión a comisión sin descansar y tuvo un accidente automovilístico en el que
falleció, pero todo partió de ese acoso para el despido”, expresó la indignada
mujer.
Ojalá que
esta mujer sea recibida por el mandatario estatal y le ayude a proteger sus
derechos más elementales, porque ya basta de inequidades. No cree usted?
