El vocero
estatal Guillermo Martínez García está en serios aprietos con la denuncia por
violación de menores que presuntamente interpuso en la Procuraduría de Justicia
de Tamaulipas, la señora Marisol Contreras, quien lo señala de ser el causante
del engaño y traumas de su hija. Y no conforme con ello, lo llamó “ animal asqueroso”.
De
comprobarse la seria acusación que pesa en su contra y de acuerdo al Código
Penal del Estado, el inculpado tendría que pasar más de 4 años en la cárcel y
pagar una multa de 100 a 200 días de salario, dado que se estaría configurando
el llamado delito de estupro.
Como se
recordará, el periódico La Pista
reseñó la protesta que unas 60 personas hicieron ayer en palacio de gobierno,
en donde manifestaron con pancartas en mano que Guillermo Martínez había
abusado sexualmente de una menor, por lo que venían desde la ciudad de Tampico
para exigir justicia al gobierno egidista.
Sin duda el
caso dará de qué hablar en los siguientes días, pues si todos sabemos que la
imagen del gobierno del estado es mala en todo México, ahora con estas
lindezas, qué se puede decir? Que uno de los colaboradores más cercanos y
recomendados al titular del Ejecutivo se vea envuelto en un caso de
raboverdismo es deplorable en sí, ya no se diga en términos políticos para un
gobierno. Aunque debo señalar que los medios de comunicación locales y los
columnistas de ornato, se vieron infames y peor aún cómplices al no dar cuenta
de los hechos, pues está claro que era materia periodística.
Ya muchos
actores políticos se han pronunciado por que los malos servidores públicos, que
abusan del poder, en caso de que se valide el comportamiento de Martínez
García, sean castigados de manera ejemplar. La regidora Helga Ruth Vázquez
expresó para el que esto escribe, que se debe pedir la renuncia del coordinador
de Comunicación Social, con objeto de que enfrente la denuncia que se está
presentando en su contra.
Dice que no
es posible ni sano para el ejercicio de gobierno tener gente con antecedentes
delictivos en la administración, en consecuencia, exige que se agoten los
elementos jurídicos.
Por su
parte, el propio regidor del PRD, Julio César Martínez Infante refiere que no
se debe minimizar el hecho, por el contrario, merece que se lleve a sus últimas
consecuencias y particularmente debe prevalecer la ley por encima de cualquier
interés.
“Que se
aplique la ley, sea quien sea, si efectivamente se comprueba que cometió el
delito. No debe haber impunidad”, afirma.
En suma,
veremos en qué termina este caso denigrante para los tamaulipecos.
