En el
análisis de las virtudes que nos ofreció la clase política en torno a la Reforma Hacendaria hay muchos
cabos sueltos; por un lado se refiere que aportará significativos estímulos
para la creación de empleos y al mismo tiempo, alentará las inversiones en infraestructura
social y económica al contribuir los mexicanos de manera general y sostenida
con las disposiciones en materia fiscal, que los recursos que de ahí se
obtengan, serán canalizados aun para apoyar a las familias enteras y que se
encuentren en ese momento desprotegidas por la falta de oportunidades laborales…
Todo ello suena bien y se aprecia
extraordinario, sin embargo, por el lado opuesto, observamos que no todas las
empresas o grupos están orientados a cumplir y hacer cumplir la ley
reglamentaria, pues buscan evadir sus responsabilidades en detrimento del
bienestar ciudadano.
No es
legítimo ni digno de aplauso que el SAT haya detectado recientemente a un grupo
de compañías que están expidiendo documentos falsos para obviar su obligación
constitucional de pagar sus contribuciones para la aplicación del gasto
público, que dicho sea de paso, sigue registrando subejercicios, sin que haya
un inteligente que cuestione el por qué no se emplean los recursos de manera
eficiente y responsable.
No es dable,
insisto, desde ningún punto de vista que
se justifique la falta de gasto, cuando se carece de lo elemental y la justicia
social cada día es más distante. El problema de toda economía es generar la
riqueza y a partir de este planteamiento buscar que se redistribuya; no
obstante, los encargados de la hacienda pública no parecen inmutarse, antes
bien, les importa más encontrar la forma de chuparle la sangre a los
contribuyentes y dejar de lado la aplicación de la ley, con sus agravantes.
Veamos qué empresas, de conformidad con
Hacienda, han violentado la Ley: “Estos
contribuyentes son Grupo Bodebu, Ultraconstructora de México, Urbanizaciones
Eficientes, Corporativo Bruvasa, Consorcio Fedvel, Consorcio Zeami, Grupo
Gubamo, Grupo Isnos y Grupo Lodema”. De
acuerdo con los últimos reportes del organismo, una vez valorada la
información, documentación y argumentos aportados por estas empresas
facturadoras, no desvirtuaron los hechos que se les imputaron, y por tanto, se
actualiza definitivamente su situación, al determinarse que expiden facturas
que amparan operaciones inexistentes.
La publicación
en el Diario Oficial de la Federación de
este informe permite dilucidar el fraude fiscal descomunal que se está
cometiendo a nuestro país, particularmente lesionando a las palancas de su
propio desarrollo económico y social. Me
queda claro que si no se mete en cintura a estas empresas, será un excelente
pretexto para que los grandes industriales largamente apapachados por Papá
Gobierno continúen en su depredación concomitante con el grupo en el poder.
Espero como
ciudadano que el Gobierno ponga atención a esto y no sólo a los pequeños
contribuyentes que osan en su ignorancia a evadir impuestos. Que paguen los que
más ganan, sin duda. Es necesario aún saber qué tipo de sanciones tendrán estas
empresas, si es que las impondrán, porque el desacato a la ley es evidente y se
agregan a las ocho que el SAT incluyó en el primer listado definitivo y que dio
a conocer en página en Internet, el 1 de julio pasado.
No le vaya a
ser al tío Lolo…
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