NO SOLAPEN INFAMIAS

El vocero estatal Guillermo Martínez García está en serios aprietos con la denuncia por violación de menores que presuntamente interpuso en la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, la señora Marisol Contreras, quien lo señala de ser el causante del engaño y traumas de su hija. Y no conforme con ello, lo llamó  “ animal asqueroso”.

De comprobarse la seria acusación que pesa en su contra y de acuerdo al Código Penal del Estado, el inculpado tendría que pasar más de 4 años en la cárcel y pagar una multa de 100 a 200 días de salario, dado que se estaría configurando el llamado delito de estupro.

Como se recordará, el periódico La Pista reseñó la protesta que unas 60 personas hicieron ayer en palacio de gobierno, en donde manifestaron con pancartas en mano que Guillermo Martínez había abusado sexualmente de una menor, por lo que venían desde la ciudad de Tampico para exigir justicia al gobierno egidista.

Sin duda el caso dará de qué hablar en los siguientes días, pues si todos sabemos que la imagen del gobierno del estado es mala en todo México, ahora con estas lindezas, qué se puede decir? Que uno de los colaboradores más cercanos y recomendados al titular del Ejecutivo se vea envuelto en un caso de raboverdismo es deplorable en sí, ya no se diga en términos políticos para un gobierno. Aunque debo señalar que los medios de comunicación locales y los columnistas de ornato, se vieron infames y peor aún cómplices al no dar cuenta de los hechos, pues está claro que era materia periodística.

Ya muchos actores políticos se han pronunciado por que los malos servidores públicos, que abusan del poder, en caso de que se valide el comportamiento de Martínez García, sean castigados de manera ejemplar. La regidora Helga Ruth Vázquez expresó para el que esto escribe, que se debe pedir la renuncia del coordinador de Comunicación Social, con objeto de que enfrente la denuncia que se está presentando en su contra.

Dice que no es posible ni sano para el ejercicio de gobierno tener gente con antecedentes delictivos en la administración, en consecuencia, exige que se agoten los elementos jurídicos.

Por su parte, el propio regidor del PRD, Julio César Martínez Infante refiere que no se debe minimizar el hecho, por el contrario, merece que se lleve a sus últimas consecuencias y particularmente debe prevalecer la ley por encima de cualquier interés.

“Que se aplique la ley, sea quien sea, si efectivamente se comprueba que cometió el delito. No debe haber impunidad”, afirma.

En suma, veremos en qué termina este caso denigrante para los tamaulipecos.