lunes, 30 de enero de 2012

SE SOLTÓ EL DIABLO


La alerta migratoria girada por la SIEDO en contra de los últimos tres ex gobernadores de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández pone en aprietos a la clase política de la entidad, la cual usufructuó el poder a sus anchas, sin que hubiera alguien que los interpelara.

La orden fue librada por el agente del ministerio público federal David Juárez Mora en el oficio CGA/595/2012 y pretende de entrada investigar a fondo cuáles son los viajes que realizan los ex mandatarios en México y en su caso al extranjero, pues existen indicios de su presunta participación en corruptelas y algunos vínculos con el crimen organizado durante sus gobiernos.

Valga añadir que todos los operadores aeroportuarios del país tienen la obligación de informar a la dependencia de los vuelos que realizan estos políticos.

El tema tiene tintes mediático-políticos y es digno de una revisión para ver por dónde se mueve la bolita.  Sin duda que afectará el proceso electoral del 2012 e incluso más al que aspira al Senado: Manuel Cavazos Lerma.

Como se sabe quienes deseen alcanzar fueros o posiciones en la política, deben estar limpios en su trayectoria y no tener líos legales. Sin embargo, el señor del sombrero ahora deberá andarse con cuidado y ocultar, si las hizo, muchas de las tropelías que guardan el sueño de los justos en la Procuraduría de Justicia del Estado.

La arremetida panista viene a cimbrar la estructura del PRI tamaulipeco y muestra algunas trazas de lo que nos espera a los ciudadanos este primer semestre del año.

La guerra sucia, dirán algunos, apenas comienza.. y llámenle como quieran, el punto es que también saldrán a la luz las transas hechas por más de 40 ex funcionarios de las administraciones pasadas y si me apura,  de algunos comunicadores que se metieron a la nómina de los gobiernos y que están bajo investigación ministerial por haber participado en todas esas raterías.

El PAN apunta bien los cañones y si no hay una reacción pronta, Tamaulipas podría perder sus posiciones políticas y los funcionarios que ambicionan el fuero constitucional para protegerse en contra de las denuncias, también.

La cosa está que arde… y lo que viene…





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