Armando Berrones González
La procacidad de los políticos no tiene paralelo, pues ahora se les ocurre el programa de Borrón y Cuenta Nueva para “ayudar” a los usuarios de agua y drenaje a pagar sus deudas y es que la cartera vencida de esa paraestatal es enorme y no hay forma de recuperarla en el mediano y quizá, ni en el largo.
Desde luego todo está tamaleado para hacer creer a los ciudadanos que existe una preocupación real sobre sus propias necesidades de sobrevivencia, en tanto por otro tramo se busca tapar las raterías cometidas por la clase política que no tiene llenadera.
Es de dominio público y el que escribe lo ha ponderado así que entre la ex alcaldesa Leticia Salazar y el ahora edil Jesús de la Garza se dio un acuerdo de no agresión y éste le dio manga ancha a la panista para que saqueara a la dependencia, previo a su salida de la alcaldía. Robos a lo descarado e imposición de su “posible chivo expiatorio” por si acaso a alguien se le ocurre esculcar las arcas fueron parte de los términos convenidos para llevar la fiesta en paz.
Lo cierto es que en esa dependencia hay un desfalco del orden de los 800 millones de pesos que nadie sabe dónde están y por supuesto, hacen como que la Virgen les habla.
Con esa insulsa idea de pensar y valorar sobre la aplicación del citado programa, resulta por demás patético, pues primero lo que deben de hacer las autoridades, nótese el alcalde Jesús de la Garza, es emprender acciones legales en contra de quien resulte responsable por esa expoliación, que por cierto, ya pasaron los 3 meses de rigor que establece la Ley Orgánica para que los resultados de la auditoría se hagan públicos. Nadie quiere entrarle al toro, mucho menos el alcalde, ya que bien que sabe que de alguna suerte, él estuvo informado de todos los trastupijes que se dieron a la sazón. No debemos olvidar que cuando él estuvo como servidor público en esa dependencia se obligó a todos los usuarios a pagar un medidor cuyo costo fue de alrededor de los 1000 pesos y que no se entregaron en tiempo y forma… es fecha que siguen esperando el aparatejo.
Con esa insulsa idea de pensar y valorar sobre la aplicación del citado programa, resulta por demás patético, pues primero lo que deben de hacer las autoridades, nótese el alcalde Jesús de la Garza, es emprender acciones legales en contra de quien resulte responsable por esa expoliación, que por cierto, ya pasaron los 3 meses de rigor que establece la Ley Orgánica para que los resultados de la auditoría se hagan públicos. Nadie quiere entrarle al toro, mucho menos el alcalde, ya que bien que sabe que de alguna suerte, él estuvo informado de todos los trastupijes que se dieron a la sazón. No debemos olvidar que cuando él estuvo como servidor público en esa dependencia se obligó a todos los usuarios a pagar un medidor cuyo costo fue de alrededor de los 1000 pesos y que no se entregaron en tiempo y forma… es fecha que siguen esperando el aparatejo.
En suma, la desfachatez es grande y sólo nos resta esperar a ver que otras sandeces se les ocurren, porque ciertamente no hay ni habrá voluntad política para transparentar los dineros públicos y el uso que se hace de ellos.
@ArmandoBerrones
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