La designación del nuevo titular
de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas realizada por el Pleno Legislativo
y que recayó en el abogado Javier Castro Ormaechea me causa un sospechosísmo
razonable.
De acuerdo con la información que
convenencieramente ofrece el gobierno estatal o congreso, para el caso es lo
mismo, sobre todo, porque existe mayoría panista, este promotor de la justicia
fue electo con todas las reglas y dando cumplimiento puntual de los
procedimientos que marca la ley, esto es, recibió mediante votación por cédula
27 sufragios a su favor, por parte de los Diputados locales, ello de una lista
de 21 aspirantes a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Supónese que este funcionario
tendrá entre sus principales tareas acabar con la impunidad y corrupción que se
ciernen sobre la entidad desde hace varios sexenios, sin embargo, resulta por
demás censurable que tenga un historial laboral ligado a la Procuraduría de
Justicia en Tamaulipas y que haya servido al actual titular de la dependencia,
Irving Barrios Mojica. Para nadie es un
misterio sin resolver para qué ha servido hasta ahora esa dependencia… Nada
resuelve, ni siquiera un café.
Considero que a ese cargo debió
llegar una persona con otro perfil académico y laboral, pues además de que hay
afinidad política con el gobernador en turno, Francisco Javier Cabeza de Vaca,
todo hace intuir que servirá para tapar lo que haya menester y desde luego,
dejar incólume a quienes sean amigos del
titular del Ejecutivo. No creo que se oponga a las órdenes.
Como ciudadano y analista político, me
gustaría ver si este nuevo colaborador de los “vientos del cambio” no le
tiemblan las corvas para meter a chirona a todos los políticos que han defraudado
e hipotecado el futuro de Tamaulipas, dejando destrucción patrimonial y enormes
deudas que serán cubiertas por generaciones que aún no nacen.
Está claro que su labor será de alto impacto y deberá estar apegada a
derecho, sin discriminar a nadie, incluidos los funcionarios del actual
régimen, porque no se puede ser juez y parte. De hecho, tengo la sospecha de
que podría estar domeñado por las presiones que le imponga la estructura
gubernamental, pues su margen de maniobra estará limitado al extremo, ya que
dependerá del presupuesto asignado a la Procuraduría de Justicia.
¿Cómo la ve, amable lector? ¿Cree usted que
podrá hacer algo realmente interesante y trascendente en términos de aplicación
de la ley, rendición de cuentas y la transparencia? Incontestablemente es una
buena iniciativa, pero tiene en esencia sus asegunes.
Para quienes tenemos tres dedos
de frente y aplicamos la sindéresis, lo que estamos observando es que la
autonomía que debiera tener ese puesto es sólo una quimera, porque cualquier
atisbo de persecución ministerial que quiera emprender Castro Ormaechea deberá
estar palomeada por los del poder o en caso contrario, cabe la posibilidad de
defenestrarlo políticamente.
En el pueblo dicen ese adagio:
¡el que mantiene, te detiene!
Email: armandoberrones@gmail.com
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