Armando Berrones
Cuenta la leyenda urbana que
cuando algún ciudadano común toma algo que no es suyo y lo hace por hambre o
razones cleptómanas es sujeto a una investigación judicial y si se comprueba su
presunto delito, se procede conforme a derecho y lo recluyen en la cárcel.
El ex alcalde de Tampico,
Oscar Pérez Inguanzo no es tan común como quieren ponerlo a la opinión pública,
pues fue un funcionario que tuvo a su libre arbitrio la dirección de un
municipio, que pudo hacer y deshacer lo que le viniera en gana con el poder que
lo cubría. Ahora que lo acusan de ejercicio indebido de funciones, coalición de
servidores públicos y uso indebido de atribuciones y facultades, merece la pena
que se cumpla con la elemental justicia y se aplique el llamado estado de
Derecho que tanto se cacarea en las instancias de gobierno, de los 3 niveles.
El auditor superior del
Estado, Miguel Víctor Salman Álvarez, fue quien interpuso una denuncia penal en
contra del ex edil por presunto desvío de recursos federales durante su
trienio, por lo cual ayer fue detenido
por PGJE y llevado a una celda de ciudad Madero para que responda ante la
autoridad.
Llama la atención que Pérez
Inguanzo lucía tan relajadito y no se sintiera preocupado, ya que como todo
mundo sabe, él heredó una deuda pública de alrededor de 200 millones de pesos a
la actual alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, quien ante esta situación ha
recurrido a más deuda para dar cauce a los programas sociales que contempla en
su administración.
Téngase presente que el ex
edil se le acusa también de haber solicitado 2 créditos del orden de los 7
millones de pesos a una institución bancaria, sin haber mediado el aval del
Congreso, lo cual a decir de algunos, no son razones graves para mantenerlo en
prisión.
Ojalá que las autoridades no
salgan con su trastada, de que el señor es inocente hasta que no se le
compruebe lo contrario, principio jurídico tan manoseado y que se esgrime ante
las carretadas de dinero que se dan para flexibilizar la justicia.
Si Pérez Inguanzo tiene algo
que pagar, que lo haga, no se deben tolerar más agravios a la sociedad
tamaulipeca. Un ya basta a tanta impunidad y corrupción deben ser las banderas
políticas de la administración estatal. Si a este señor se le perdonan las
faltas, entonces, veremos la reacción frenética de todas las fuerzas políticas
del estado, que seguramente se pronunciarán en contra de tales desaciertos.
Las preguntas que surgen son
: ¿quiénes siguen en estas acciones, qué ex alcaldes serán encarcelados en caso
de que se encuentren anomalías en sus cuentas públicas? Veamos:
Se ha documentado plenamente
que Ramón García Barrios heredó una deuda pública de más de mil 700 millones de
pesos en Nuevo Laredo; Arturo Diez Gutiérrez Navarro, de 100 millones de pesos
en Victoria; en Matamoros, Erick Silva Santos, 71 millones de pesos, por decir
algunos de los más connotados.
Si el derecho se aplica de
igual a una persona que delinque por necesidad económica, por birlarse un litro
de leche, con mayor razón y peso, se debe castigar a quienes han agarrado
dinero, con toda alevosía, ventaja y enorme poder político.
No cree?
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