lunes, 12 de marzo de 2012

VAN CONTRA VAZQUEZ MOTA



Ayer comentaba en este espacio el amparo que presentó una abogada joven de Nuevo León en contra de aquello que se ha dado en llamar “chapulineo, que dicho en palabras claras, se refiere sencillamente a evitar que los representantes populares (alcaldes, diputados y senadores) de cualquier partido soliciten licencia para buscar otros cargos sin haber concluido el periodo para el que fueron elegidos constitucionalmente.
El tema es digno de un buen debate, sin embargo, creo firmemente en lo que Dinorah Cantú Pedraza hizo, quien a través de recursos jurídicos debidamente sustentados, mandó de regreso al puesto a la alcaldesa de Guadalupe,  Ivonne Alvarez García. Desde luego la edil está desconcertada porque no esperaba este revés en su carrera política y ahora quiere defender sus derechos políticos y claro, el dedazo de que fue objeto por parte del PRI.
A como veo la situación, no creo que lo consiga, sobre todo ahora que se avecina una andanada de amparos en todo México y están involucrando a panistas, en especial a la candidata a la presidencia de México, Josefina Vázquez Mota, quien pidió licencia en su cargo como diputada federal por 3 años para buscar la postulación de su partido.
Hay que añadir que el actual alcalde panista de Monterrey, Fernando Larrazábal, quien está como candidato a diputado por la vía plurinominal, también será objeto de una fuerte embestida, no por partidos de oposición, sino por las voces disidentes de la ciudadanía, la cual ya no está conforme con eso de que sus políticos estén incumpliendo sus labores, con miras a envolverse en el fuero constitucional, que los aleje de cualquier persecución judicial.
Otros activistas sociales están analizando la posibilidad de exigir se apliquen mayores candados a las leyes para evitar este “corredero” de gente a otros puestos de elección popular.
La transición democrática que vive nuestro país así lo demanda y en consecuencia es fundamental que la voz de los ciudadanos sea escuchada. No basta argumentar que se violan los derechos políticos, es justo y altamente benéfico para todos, que los principios jurídicos se apliquen con absoluto rigor.
A propósito, habría que ver qué casos parecidos a los de Nuevo León se encuentran en Tamaulipas, que a la distancia no creo que sea la excepción.

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@ArmandoBerrones

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