En la
averiguación que sigue la Procuraduría de Justicia del Estado en torno al
fraude cometido en agravio del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas por el
orden de 63 millones de pesos y que tiene más de un año y medio que se inició,
aún sigue la incógnita sobre lo que va a pasar ahí.
Aun cuando
el auditor superior del Estado, Miguel Salmán Álvarez avaló que las cuentas de
dicha institución tienen un sesgo negativo, a la fecha no se ha ejercido acción
legal contra nadie y observo que se quiere enredar más la madeja. El punto aquí es que el ex director
presuntamente implicado en el desfalco, Issac Mata Vizcaíno anda muy campante
sin que se le achaque alguna responsabilidad, por lo que la corrupción, bien
mirado, parece ser lo que seguirá en este caso.
Vale decir
que, aunado a eso, hay pendientes las 49 cuentas públicas que dejó Salmán para
el próximo año y que manifiesta en su defensa que no cumplió con la revisión de
ellas, debido a los entes públicos que desacataron sus planteamientos y no
entregaron en tiempo y forma sus reportes.
Sin embargo,
en la reunión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado,
su titular argumentó otras razones para no cumplir con su encomienda, por lo
que la legisladora panista Beatriz Collado Lara está pidiendo a través de un
exhorto, que por supuesto, no todos firmaron, que se presente una vez para que
explique el porqué de su retraso.
Lo anterior
ha motivado, de acuerdo a la prensa local, el esquema del teléfono descompuesto,
no obstante, diría que también es jugar al gato y al ratón o a ser émulo de la
Chimultrufia. Todo sea con tal de meterle más tinieblas al asunto y dilatarlo,
dilatarlo hasta la saciedad. No cree usted, dilecto lector?
ESCORRENTÍAS
Pese a serle
incautado por las autoridades estadounidenses un lujoso condominio ubicado al
sur de la Isla del Padre, debido a su presunta compra con dinero ilícito, el ex
gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington presentó más denuncias en contra de
la ex procuradora de la PGR, Marisela Morales.
Se trata de
2 más en contra de funcionarios de esta institución por la supuesta filtración
de información y la manipulación de testigos colaboradores.
Su abogado defensor, Diego Hernán Arévalo
Pérez, representante asegura que los funcionarios que tuvieron a cargo la
averiguación previa que se integró contra su cliente, presuntamente cometieron
delitos contra la administración de justicia.
“(Se trata de) delitos contra la
administración de justicia provocados por servidores públicos y una segunda, la
difusión de la información reservada de la PGR, por parte de la PGR y que puede
llegar a impactar a la gente que utilizó primeramente la información, tanto por
parte de la institución como terceras personas ajenas”.
Habrá que
estar al pendiente del seguimiento que se le haga a esas denuncias, porque, sin
duda, serán una buena señal ponderable para toda la clase política. Es
necesario definir derrotero.
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