JUECES DE BARANDILLA

Este fin de semana se dieron nombramientos importantes en el gabinete egidista: finalmente salió el secretario general de Gobierno, Morelos Canseco Gómez y entró en su lugar Herminio Garza Palacios. El jurista, quien fuera el número 2 de la administración estatal fue colocado en la supersecretaría del Trabajo, la cual fue hecha a su medida, previa aprobación de las reformas por los legisladores locales.

Sin duda el cambio fue algo inesperado, pues todo mundo sostenía que el ex diputado federal, Felipe Solís Acero ocuparía su posición, sin embargo, el primer mandatario sacó su nuevo as de la manga y le ha confiado la gobernabilidad del estado, que permita garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El nuevo funcionario tiene enormes retos ante sí y uno de ellos, es, indiscutiblemente, el propiciar las condiciones de tranquilidad en la entidad y para ello deberá estar atento y coordinarse con las instituciones encargadas de la salvaguarda ciudadana, porque está claro que en ese tema toral faltó mucho por hacer.

Se sabe que Garza Palacios carece de oficio político, esto es, que tiene la necesidad imperiosa de rodearse de asesores que lo apoyen en la interlocución con todas las fuerzas activas y sociales del Estado.

Veremos cómo se desenvuelve. Por cierto, no se debe omitir que en su larga trayectoria profesional, Garza Palacios perteneció al gabinete también del ex gobernador Eugenio Hernández Flores en su calidad de director del Registro Público de la Propiedad. Seguramente conoce los entresijos de la corrupción rampante que se registró en ese sexenio.

ALUVIÓN

A nivel nacional crece la indignación sobre el resultado que dieron los magistrados del Tribunal de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya que a decir del doctor  en Derecho Jaime Cárdenas Gracia, éstos renunciaron a su obligación de actuar como tribunal garante de la Constitución para asumir funciones de “jueces de barandilla”

Sostiene el intelectual que resultaron enanos en su labor y criticó acremente su falta de respeto a la Constitución, pues aclara que en los análisis de las acciones judiciales que a lo largo de mes y medio realizaron,  los integrantes de dicho tribunal, “no vio, no analizó ni investigó” la violación a los artículos 1, 41 y 35 de la Constitución, menos aún el incumplimiento de los artículos 8, 25 y 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Deplora la falta de profesionalismo y exige que los magistrados sean sometidos a Juicio Político por su incompetencia.

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